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Muchas Gracias

Impacto Ambiental de un desastre natural

Tomará meses poder estimar un valor económico del impacto ambiental del terremoto de Cinchona.

Revista Poder, Febrero 2009

Las maneras en las que funciona nuestro planeta son, aun hoy en día y con todos los avances tecnológicos, muchas veces incomprensibles para nuestra humanidad.

Así sucede con los eventos sísmicos. Comprendemos su mecánica: el cómo y el porqué se dan, su potencial destructivo e inclusive –eso sí– con importantes grados de imprecisión, el dónde ocurrirán. Sin embargo, no somos capaces aún de predecir cuando sucederán.

Este duro recordatorio lo recibimos ese jueves soleado. Mientras que para la mayoría de habitantes los 15 segundos que duró el sismo del 8 de enero fueron momentos de cauto temor, para centenares de personas en el centro del desastre esta fracción de minuto significó la pérdida de sus bienes, de su entorno y en tristes casos, de sus familiares.

Más allá de los principales y más lamentables efectos directos del terremoto, una característica que quedará en la memoria colectiva es la modificación del entorno que unas horas después pudimos apreciar.

Los movimientos sísmicos fuertes producen, bien es sabido, una serie de modificaciones geomorfológicas: en términos sencillos, el relieve terrestre cambia abruptamente. En esta ocasión, la severidad de estos impactos se pueden traducir en una sencilla expresión: algunas montañas se desplomaron.

Y a partir de que esto ocurrió, en varios lugares que previamente se sabían susceptibles a movimientos erosivos el entorno y paisaje se modificaron de manera drástica y permanente. Con ello, ¿qué impactos ambientales se derivan de este desastre natural?

En primer lugar, es válido preguntarse si per se un terremoto genera un impacto ambiental. La respuesta es que probablemente si, aunque no en todos los casos ni con la misma magnitud. La flora y fauna de las zonas en cuestión se ven alteradas, los ríos sufren modificaciones en sus cauces y en la calidad del agua que transportan y en general, los beneficios que la sociedad extrae del ambiente se ven mermados.

Estimar los impactos ambientales de un desastre como el del 8 de enero no es una labor sencilla: equivale, tal y como lo hemos comentado en otras ocasiones en este mismo espacio, a encontrar un valor monetario de recursos o beneficios ambientales que a priori, no lo tienen…para mayor claridad, imagine que la cuestión de fondo es cuál es el precio hipotético de las montañas (y todo lo en ella había) que se deslizaron.

El impacto ambiental no se limita a la pérdida física en sí (bosques, biodiversidad) pero principalmente a la disminución de los flujos económicos directos que genera el ambiente: turismo, captación de agua potable y pérdida de recursos naturales productivos (pastizales, sembradíos, animales de crianza, etc).

Para complicar el análisis (e incrementar el valor potencial del daño ambiental), otras consecuencias indirectas pueden ser también enumeradas, y seguramente, representarán una parte mayoritaria de la pérdida de beneficio ambiental para el país.

Por ejemplo, encontramos la pérdida de potencial de secuestro y captación de dióxido de carbono y consecuentemente, la liberación inmediata de este gas a efecto invernadero.

Otro caso, quizá más fácil de traducir económicamente, es que a partir de los deslaves que acompañaron al movimiento sísmico, el ICE perdió momentáneamente buena parte de la capacidad de generación hidroeléctrica que ofrecía el río Sarapiquí. Esto tiene un doble impacto económico-ambiental: el país deberá compensar esa energía con generación térmica, más costosa y más contaminante.

De acuerdo a la planificación del ICE, la planta hidroeléctrica Cariblanco debía generar en este 2009 329 Gwh. Esto apenas representa un 4% de toda la hidroelectricidad que se debe producir en el país pero, de sustituirse en su totalidad por generación térmica (¿qué otra alternativa en el corto plazo?) esto se traduce en un incremento de casi 30% de la generación eléctrica vía esta fuente.

Habrá que esperar además que las evaluaciones hídricas puedan completarse para poder apreciar si el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Sarapiquí habrá variado como consecuencia de los cambios en los cauces y caídas de los ríos que la componen, lo que podría afectar tanto la planta de Cariblanco como los proyectos Toro (II y III).

Otra posibilidad, para agravar el panorama, es que materiales almacenados como residuos en las industrias afectadas (mayormente pequeñas agroindustrias) puedan afectar de manera permanente los acuíferos de la zona, principalmente en los acuíferos de tipo continentales Poás y Colima-Barva que se sitúan en la región.

Por último, será necesario la creación de nueva infraestructura (carreteras, puentes, industrias) que, indispensables para reactivar la economía local, podrían acarrear otra serie de impactos ambientales.

Como se aprecia, son múltiples los daños ambientales que se reflejan, como bien hemos enfatizado anteriormente, en una pérdida neta de bienestar tanto para las comunidades afectadas como para el país en general.

Finalmente, cabe preguntarse si ante tal magnitud y tal diversidad de efectos, el valor del impacto ambiental del terremoto del 8 de enero es incalculable. Quizá no, pero tomará meses estimar un valor medianamente confiable.

¿Conflicto entre desarrollo y ambiente?

Revista Poder, Enero 2009

Al iniciar este año una serie de desafíos se posan sobre nuestra colectividad y muchos de ellos –cuando no la totalidad- conllevan implicaciones en materia ambiental.

Por lo pronto, parece oportuno señalar algunos de los más notorios (según mi criterio) sin pretender por ello efectuar un listado exhaustivo de la multitud de iniciativas, proyectos y actividades que con cierto grado de premura deberán atenderse en el país.

Durante este 2009, como sociedad deberemos tomar una decisión sobre la conveniencia o no de la actividad minera, las medidas para disminuir la dependencia de combustibles fósiles en transporte (que sin embargo se verán desincentivadas por la baja coyuntural en el precio del petróleo), la adecuación de varias normativas que requieren actualizarse (como la Ley de Recurso Hídrico) o el nacimiento de nuevas normas imprescindibles como la Ley general de Desechos Sólidos que se discute en la Asamblea Legislativa.

Igualmente, tendremos que decidirnos de una vez por todas a acelerar los megaproyectos de infraestructura, especialmente los proyectos hidroeléctricos de gran escala que son beneficiosos e imprescindibles a una escala nacional.

Ya tendremos ocasión, durante los próximos meses de abarcar a profundidad estos y otros temas relevantes que se perfilan en la agenda nacional y ambiental para este 2009.

A modo de reflexión inicial para este nuevo año, quisiera aportar un breve comentario sobre el principal desafío –de orden mental y que cubre al resto- para estos próximos meses.

El 2008 permitió identificar un conflicto ideológico y conceptual que separa a los tomadores de decisión en todos los ámbitos. Cómo hace tiempo no se percibía, se ha promovido una idea en particular y es que el poder ejecutivo actúa con poca sensibilidad ambiental y que el interés primario del Gobierno consiste en asegurar que la inversión –tanto nacional como extranjera- no se vea frenada por consideraciones ambientales excesivas.

Esta afirmación ha sido señalada, en otros términos pero con la misma connotación por el Presidente en varias oportunidades, especialmente en ocasión del intenso (mas breve) debate sobre la Mina Las Crucitas.

Y de esta manera, tanto diputados -iniciando por la propia bancada oficialista-, como activistas ambientales han declarado su inconformidad con una promesa que consideran rota: Paz con la Naturaleza.

Esta disputa no es ni novedosa ni extraña. Ciertamente, como se señala con frecuencia –y nosotros mismos lo hemos hecho en este espacio- el desarrollo económico no debería verse como antagónico a una adecuada condición ambiental.

Me parece que en el caso de nuestro país, esta fórmula se aplica y al efectuar una suerte de agregado de todas las iniciativas de inversión y del conjunto de actividades económicas que lleva la nación a cabo, concluiríamos que han existido mecanismos de compensación y protección hacia el ambiente que nos garantizan, en mayor grado que países con similitudes socioeconómicas, una base de eso que podríamos llamar desarrollo sostenible.

Inclusive, Costa Rica ha sido considerada como la quinta nación del mundo en calidad ambiental, en la medición que han desarrollado conjuntamente institutos de Yale y Columbia, en los Estados Unidos. Claro está, mal haríamos al contentarnos con el resultado sin antes entender la composición del indicador, las consideraciones y el peso de componentes en los cuales somos “naturalmente” favorecidos, tales como biodiversidad y disponibilidad hídrica, lo que nos permite partir de una base superior en el escalafón.

Con todo y todo, en términos generales, la apreciación mediática de finales del 2008 sobre el divorcio inminente del desarrollo económico y el aspecto ambiental no corresponde a la realidad que hemos fraguado desde mediados del siglo anterior y que nos posiciona internacionalmente como un país con buenas perspectivas ambientales.

Lo que si es cierto, es que a un nivel micro, es normal que exista una disyuntiva especialmente en el corto plazo entre la actividad humana y la calidad ambiental. Y cuando estas disyuntivas se mediatizan generan varios efectos. Sin duda, un primer efecto positivo es que revitaliza el debate nacional entorno a temas que durante ciertos periodos pueden parecer secundarios como el propio tema ambiental. Otro efecto sin embargo, un tanto más ambiguo, es similar al efecto que crean los medios sobre la violencia: mayor mediatización de la violencia genera quizá no más violencia en sí pero definitivamente una percepción de mayor inseguridad. En la dimensión ambiental que analizamos, sucede lo mismo: al sumar tres conflictos puntuales por ejemplo (Minería, Baulas y Sardinal por citar algunos) se genera una percepción de conflicto general y permanente.

Es aquí dónde se debe comprender, que en un nivel micro –que normalmente se traduce espacialmente en un nivel local- siempre va a existir cierta tirantez entre las actividades humanas y los impactos que ella generan.

Nuevamente, el mensaje es que estas tensiones no son novedosas ni perjudiciales per se. Lo que si puede resultar perjudicial es eludir el debate y obviar la existencia de parámetros técnicos entorno a las implicaciones ambientales versus los potenciales beneficios económicos y sociales.

Esto pasa por la aceptación de un principio básico: algunos proyectos son necesarios para un gran número de habitantes, ya sea de un cantón, de una provincia o hasta de un país. Cuando esto ocurre, la medición del impacto ambiental debe verse como un referente que nos permita tomar las medidas de adaptación y mitigación de los daños previsibles. Es el caso por ejemplo, de los proyectos hidroeléctricos. Su impacto inmediato, de grandes proporciones, es asumido por los pobladores de las comunidades impactadas (piense en los lugareños que deben ser desplazados en el caso de un embalse de grandes proporciones como el Proyecto Díquis).

Esta afectación de unos en beneficio de una colectividad se traduce en una transferencia de bienestar: así, quienes disfrutaremos del beneficio de las obras tendremos que reconocer que existe un impacto y ese reconocimiento no puede ser simbólico mas debe conllevar una compensación por esa transferencia.

En materia ambiental, la aplicación de esta lógica de análisis costo-beneficio conlleva la monetarización de la calidad ambiental y consecuentemente, el otorgar un valor económico (que en la práctica asuma una forma de precio) por “activos” naturales. Sin embargo, esto es un proceso complejo y que lleva implícita una fuerte carga antropocéntrica. Los economistas ambientales tenderemos a defenderlo sin embargo, a condición de que todos esos impactos puedan ser en primer lugar censados y en segundo lugar correctamente valorizados.

No debe pensarse en que esta lógica aplica solamente para un “lado” (el desarrollo de proyectos). Todo lo contrario, siguiendo el mismo análisis, es posible visibilizar ciertos beneficios ambientales que a primera vista son excluidos del análisis: esto es por ejemplo, el valor económico que la tortuga baula le genera al ecosistema o el valor económico del coral de Puerto Viejo. En ambos casos, es posible concluir que la alternativa de actividad humana (desarrollo inmobiliario y creación de una marina respectivamente), aunque muy rentable para unos, se traduce en una pérdida de bienestar para la mayoría.

Como conclusión, el tema no es si existe un conflicto entre desarrollo y ambiente. Plantearlo de esta manera, al menos en nuestro contexto, equivale a generalizar una diversidad de impactos, tanto positivos como negativos que genera en el entorno natural las actividades económicas. El conflicto no es general sino puntual y en muchos proyectos siempre estará presente: así, más que un conflicto es una disyuntiva que en cada caso, se soluciona de manera diferente y particular bajo una misma premisa: el ambiente, tanto como el aspecto económico y social, genera bienestar a la sociedad.

¡Baulas sí!

Revista Poder, Diciembre 2008

El Parque Nacional Marino Las Baulas (Guanacaste) es reconocido como un área clave de anidación de la baula, la tortuga marina de mayor tamaño. Se considera el cuarto sitio de desove en el mundo y el primero en importancia en el pacífico oriental; estudios científicos señalan que la supervivencia de la especie –clasificada en peligro crítico de extinción- en esta vasta extensión oceánica, depende en buena medida de que las tortugas puedan seguir anidando principalmente en las costas de Playa Grande.

Siendo un Parque Nacional y motivado por la consideración anterior, un proceso de consolidación del área terrestre se encuentra en marcha. Esto implica, claro está, que el Estado lleve a cabo algunas expropiaciones. Ciertos grupos, abiertamente liderados por los propietarios de los terrenos expropiables, han manifestado su oposición a este proceso argumentado que el proyecto de consolidación del Parque es perjudicial para la sociedad en general.

La oposición se ha establecido en dos niveles: el primero consiste en cuestionar los límites reales del Parque. Ciertamente, el artículo primero de la ley que lo creó comprende dos párrafos que se contradicen en cuanto a la ubicación geográfica del sitio. Pese a ello, varias opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República han determinado que el Parque comprende, además del área dentro del mar, los 50 metros de zona marítima (de por sí inalienables) más 75 metros adicionales tierra adentro. Así lo ha confirmado en diversos votos la Sala Constitucional. Privando esta última interpretación, lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente se constituye en un mandato jurídico expreso: las expropiaciones se deben realizar.

Ante esto, ha surgido un segundo frente de oposición a la consolidación del Parque: las expropiaciones resultan muy costosas para la sociedad y ante ello, una alternativa es modificar los límites del Parque. Un par de proyectos de ley, ambos presentados por el Diputado Sánchez del PUSC buscan este objetivo. La justificación es que las condiciones de anidación de la tortuga baula no se verán alteradas si se permiten construcciones de bajo impacto, algo que en este momento no es posible en los 125 metros tierra adentro que componen el Parque. Esta idea, no obstante, contradice decenas de opiniones científicas.

El diputado Sánchez argumenta además, que resulta inconcebible que el Estado Costarricense tenga que desembolsar $700 millones de dólares para pagar estas expropiaciones. Sin embargo, a mediados de año se concluyó un estudio económico -elaborado por quién suscribe este artículo- que demuestra sin ambages que esta cifra está fundamentada en un análisis poco científico y parcializado. Las declaraciones del señor Diputado –y los famosos $700 millones de dólares- se siguen dando a pesar que los resultados de dicho estudio estuvieron en manos de la Comisión de Ambiente que analiza los proyectos. El análisis económico concluye que el “techo” de las expropiaciones sería cerca de 50 millones de dólares. Lo curioso, que se desprende también del estudio, es que los terrenos expropiables en la actualidad tienen un precio de mercado muy inferior al precio que recibirían los dueños al ser expropiados, quiénes entonces terminarían recibiendo hoy más dinero por sus terrenos que si trataran de venderlos en el mercado inmobiliario.

Volviendo al costo agregado, aunque el mismo se estime ahora en 50 millones de dólares como límite superior y no en los 700 “iniciales”, muchos concordarán que se trata de mucho dinero.

Aquí es donde entra en juego el análisis de los beneficios. En esta dimensión, algunos estudios previos desde mediados de los años noventa han considerado los diferentes beneficios sociales, económicos y ambientales que se derivan del Parque. Notablemente, se consideran los servicios ambientales que brindan las tortugas baulas, desde sus manifestaciones más evidentes como el servicio turístico hasta las consideraciones más sutiles y difíciles de estimar como el aporte fundamental de la especie al ecosistema marino, de dónde también es posible, utilizando diversas metodologías económicas derivar un valor monetario. En su agregado, una actualización de dichos estudios da como resultado un valor total estimado para el Parque Marino Las Baulas que ronda los 98 millones de dólares, valor entonces superior a los 50 millones de dólares que costaría de manera directa el proceso de consolidación del Parque. Es decir, existe un beneficio neto positivo para la sociedad. Si se viera como una inversión, diríamos que por cada dólar invertido en la consolidación estaríamos asegurando dos dólares como parte del conjunto de flujos de servicios ambientales y económicos que provee tanto la tortuga como el Parque en sí.

Hay que reconocer que los costos de consolidación no consideran el costo de oportunidad de futuros desarrollos y construcciones, con toda la riqueza que ello pueda generar en términos económicos. Pero tampoco estiman los costos inherentes a un incremento en la actividad humana especialmente los potenciales impactos ambientales. Además, la estimación de los beneficios no involucra el valor intangible de algunos de los servicios que el sitio y la tortuga marina proveen al ecosistema y otros beneficios indirectos que el animal le genera a la sociedad (la tortuga es un regulador de especies marinas –por ejemplo las medusas- que generan impactos negativos en el turismo y la pesca), lo que subestima el valor económico del Parque.

Al momento de la redacción de este artículo, no estaba clara la suerte definitiva de los proyectos de disminución del área terrestre del Parque Marino Las Baulas en la corriente legislativa: aunque en un inicio se creyeron desechados, existe una fuerte presión para retomar las iniciativas y enviarlas a discusión al plenario.

Reducir los límites del Parque sentaría un mal precedente, por múltiples razones. Primero porque el artículo 38 de la misma Ley Orgánica del Ambiente señala que un área protegida podrá reducirse únicamente vía Ley de la Repúplica “después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. Eso no se ha producido. Segundo, se estarían obviando decenas de opiniones científicas respecto de porque al consolidar el Parque se incrementan las posibilidades futuras de supervivencia de la Tortuga Baula, razón fundamental de creación del Parque. Tercero, porque se estaría partiendo de premisas económicas falsas y parcializadas: un análisis de costos –falaces- sin considerar los beneficios que impone la existencia de la tortuga a la sociedad. Y cuarto, porque a todas luces -utilizando como argumento el costo social que conlleva la consolidación- las motivaciones de la disminución del área responden a intereses particulares (legítimos sí) pero lejanos al interés colectivo que debe privar en estas decisiones.

Por último, combinándolo con el análisis de costo-beneficio que los economistas promovemos, es justo reconocer que se podría invocar un imperativo moral: ¿nos toca a nosotros, a cierto nivel razonable de costos –e independientemente de los beneficios que nos reporte- acometer las acciones en procura de proteger este recurso, esta especie? Yo creo que sí.

¿Barak Obama marca el inicio de una nueva política ambiental en los Estados Unidos?

“Este no es el futuro que quiero para mis hijas. Este no es el futuro que ninguno de nosotros quiere para sus hijos. Y si actuamos ya y actuamos firmemente, no tiene porque serlo”

Barak Obama, Octubre del 2007

Revista Poder, Noviembre 2008

No sería sincero ocultar un hecho innegable: a los ojos de una gran mayoría de habitantes del mundo, pocos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos habían generado tal expectativa y tal simpatía. Esto, más que un punto anecdótico del recién concluido proceso electoral norteamericano, marca otro hecho incontestable: el mundo espera mucho del nuevo presidente de la denominada nación más poderosa del mundo.

Barack Obama representa en muchos temas la ruptura con el conservacionismo y unilateralismo que por muchos años, pero especialmente después del 9-11 caracterizaron al gobierno republicano de Bush. Y como parte de ese conjunto de temas vinculados a la política exterior, aparece de manera estelar la política ambiental.

Con el posicionamiento de los estudios científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), el mundo entero no duda en señalar con el dedo acusador a la nación del norte por la manera en que durante años ha desdeñado las acciones multilaterales para reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, principal causante antropogénico del cambio climático.

Y es que si bien Estados Unidos cuenta con una eficaz legislación ambiental para procurar justamente un entorno sano a lo interno de su país, poco ha hecho por mitigar la afectación global que sin duda, viene dada por su desproporcionada tasa de emisiones per capita de estos gases, especialmente de CO2. Anualmente, el país emite cerca de 6,000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (Departamento de energía de USA), un 20% de las emisiones totales del mundo. Esto equivale a una media de 20 toneladas de CO2 al año por habitante, mientras el promedio mundial es de 4.3 (para Costa Rica, esta relación se estima en 1.3 toneladas métricas por año por habitante). La dificultad para reducir estas emisiones en el corto y mediano plazo ha provocado que hasta ahora, Estados Unidos no haya ratificado el Protocolo de Kyoto, aunque evidentemente muchas otras razones fueron esgrimidas por las anteriores administraciones (que incluyen las dos de Bush, pero también la última de Clinton).

Más allá de una cuestión de escala que se explica por las necesidades productivas y de consumo propias de la economía más grande del mundo, Estados Unidos es junto con China, el co-principal generador de CO2 del planeta, porque no ha podido -ni querido- migrar a una economía energéticamente más eficiente.

Contrariamente a otras naciones desarrolladas, los estadounidenses mantienen un sistema de generación eléctrica mayormente basado en generación térmica. Para el 2006, cerca del 50% de la electricidad en Estado Unidos se generó por esta vía. Francia por ejemplo, genera casi el 80% de su electricidad en plantas nucleares, que en términos ambientales representa una generación limpia (al menos en el corto plazo y en cuanto a emisión de gases respecta). Para no ir más largo, Canadá produce un 60% de su electricidad vía generación hidroeléctrica. La generación por este rubro en Estados Unidos alcanza apenas el 8%, según el departamento de energía.

Por ello, y dejando de lado temas como la gestión de áreas protegidas, recursos hídricos y otros recursos naturales, el mayor reto ambiental de Obama consiste en asegurar la transición de una economía basada en los hidrocarburos a una economía de energías limpias.

Aún cuando desde una perspectiva económica de mediano y largo plazo resulta necesario que el gobierno norteamericano reconozca y corrija las externalidades negativas que el actuar de su sociedad le infringe al mundo entero (y esto pasa justamente por la transición descrita), los norteamericanos han aducido por años que un cambio de los procesos productivos y de consumo conlleva costos muy elevados para el sector real de la economía. Y siendo este país el máximo referente económico mundial (si no lo cree, solo siga las noticias cotidianas de las repercusiones de su crisis financiera) estos ajustes podrían conllevar alguna contracción de la actividad económica del orbe.

La apuesta de Obama busca romper con esa lógica: se fundamenta en la denominada economía verde. Se trata de invertir en todas aquellas actividades transversales que lleven a una disminución de la dependencia de la energía fósil. Fomentar la inversión pública y privada en proyectos de energía renovable (hidro, solar, eólica, geotérmica y aprovechamiento de las olas marinas, etc.) permitiría, además de disminuir la dependencia del petróleo extranjero, reducir la presión para explotar reservas que comprometen ecosistemas delicados.

La inversión total en esta materia alcanzaría, según la propuesta de Obama, 150 billones de dólares en diez años y generaría –según cálculos optimistas- hasta 5 millones de nuevos empleos (green Jobs).

También busca promover la renovación de la industria automotriz norteamericana que muestra un claro rezago en cuanto a vehículos de bajo consumo o de combustión híbrida, con respecto a los japoneses y algunos europeos, así como endurecer las normas de construcción para hogares y edificios en procura de infraestructuras más eficientes en el gasto energético, entre otros.

A nivel federal, un proyecto deseable consiste en establecer un mercado de emisiones de CO2 como el europeo, pero que partiría con la ventaja de que luego de dos fases de aplicación, Europa ha vivido un proceso de prueba y error del mecanismo de mercado. Obama y sus asesores en política ambiental pueden considerar así los aciertos y desaciertos, profundamente estudiados por economistas europeos –como la distribución inicial de los permisos y la fijación del total de estos permisos disponibles en el mercado entre otros- y así garantizar un sistema transparente, eficiente y que cumpla el objetivo ambiental.

Todas estas iniciativas se plasman en el programa ambiental de Obama y Bidden y se traducen en ganancias económicas (consolidación de una industria verde, aunque ello conlleve un proceso de “destrucción creadora” de industrias rígidas) y ganancias ambientales.

Sobre estas últimas, la meta consiste en iniciar la reducción sostenida del nivel de emisiones a un 80% del nivel de 1990 para el año 2050. De acuerdo con las conclusiones de la IPCC y del informe Stern de economía del Cambio Climático (CC), este es el aporte mínimo que se necesita de la mayor economía del mundo, para alcanzar un nivel tolerable de emisiones y reducir el potencialmente devastador aumento en la temperatura global de la tierra al 2100. De no hacerlo y continuar bajo la lógica del “Business as usual” (emisiones crecientes) el CC se traduciría en un incremento promedio de entre 3o y 5o Celsius, que implicaría el daño mayor posible para todo el planeta.

Todo un reto para Obama y también un aliciente para la sociedad global: el compromiso del nuevo presidente es actuar para alinearse con la convención marco de cambio climático de las Naciones Unidas y por que no, abrir las puertas a su participación activa en el venidero acuerdo Post-Kyoto. Esto es fundamental, porque lo contrario nos empuja hacia un mañana poco prometedor y ciertamente, “este no es el futuro que ninguno de nosotros quiere para sus hijos”.

Figura: Emisiones per cápita (toneladas anuales) en el mundo, 2006. Fuente: datos del Centro de información y análisis de dióxido de carbono, Departamento de Energía de los Estados Unidos.

El Aspecto Empresarial del Cambio Climático.

Revista Poder, Octubre 2008.

Es esperable, que una estrategia empresarial de cambio climático termine generando un beneficio neto, seguramente en aspectos ambientales pero también en ganancias para la empresa y la sociedad en general.

No se debe obviar sin embargo, que para una gran cantidad de actividades empresariales, la adaptación y mitigación del cambio climático conlleva un incremento inicial en sus costos de operación.

En términos sencillos, hay bastante consenso en las sociedades actuales respecto de que mantener el modelo de negocios que predominó hasta finales del siglo anterior, primordialmente asentado en costos de producción bajos, no resulta sostenible ni siquiera para las propias empresas.

Por ello, la preparación para los efectos previsibles del cambio climático (adaptación) así como los esfuerzos por reducir la influencia humana que lo acelera (mitigación) –y que por ahora se centran en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el C02- son parte fundamental de las estrategias corporativas de empresas de todos los tamaños y Costa Rica no es la excepción.

En diversos foros realizados durante los últimos meses, empresarios de varios sectores se unen en torno a la visión novedosa del doble dividendo económico-ambiental: es posible obtener ganancias empresariales (dividendo económico) de los esfuerzos por gestionar mejor los recursos naturales y los residuos de toda índole que se derivan de la actividad (dividendo ambiental). Tácitamente, éste fue el leif motiv del Congreso Nacional Turístico efectuado en setiembre.

Algunas empresas costarricenses pioneras en la integración de las variables ambientales expusieron su visión de cómo una relación que por mucho tiempo fue considerada antagónica ha sabido replantearse bajo la óptica del doble dividendo. De esta manera, se presentaron empresas de alquiler de autos que buscan esquemas de compensación de las emisiones de sus vehículos, hoteles que reconstruyen sus instalaciones de manera que sean más eficientes en el consumo de energía y recursos hídricos y operadores que concientizan –y cobran compensaciones- a los turistas por los impactos ambientales y “climáticos” inherentes a su visita.

Y es que pocos sectores funcionan aún bajo la lógica antigua de los “paraísos de contaminación” en los que las actividades económicas buscaban operar con esquemas regulatorios ambientales débiles con el fin de disminuir sus costos productivos.

Por el contrario, parece que la lógica de crear valor agregado a partir de una diferenciación ambiental se consolida. A inicios de los noventa, el afamado académico Michael Porter pronosticó que, siendo que los requerimientos ambientales por parte de los estados en todo el mundo se verían fortalecidos, las empresas que tuvieran la visión para integrar estos cambios de manera voluntaria antes de esperar las normas obligatorias se posicionarían mejor tanto en costos de producción como en el valor agregado de sus bienes y servicios. La visión de Porter desde una perspectiva macroeconómica sugiere así que es posible crear una riqueza verde para los países, mejorando al mismo tiempo la calidad ambiental (y disminuyendo, en el contexto del cambio climático, la vulnerabilidad de la sociedad en general).

Al final de los procesos de adaptación y mitigación -que por supuesto son dinámicos y cambiantes- es probable entonces que se de un beneficio neto para las empresas. Algunos sectores, sin embargo, tendrán una afectación real en el corto plazo; algo que de alguna manera se intenta minimizar en los discursos políticos en nuestro país.

Desde el punto de vista económico esto no solamente es normal, sino que incluso podría considerarse sano. Así como los bancos que hicieron malas inversiones dejarán su espacio a aquellos que han gestionado de manera más eficiente sus pasivos, las empresas que no puedan disminuir sosteniblemente sus impactos en el ambiente están condenadas a desaparecer, especialmente en sociedades más o menos desarrolladas (en sociedades pobres, los recursos para integrar el tema ambiental en rudimentarias estructuras productivas son, evidentemente, secundarios en la lógica de supervivencia diaria).

No hay nada de particular en reconocer este desafío. Estudios efectuados en Europa señalan que la adaptación y mitigación del cambio climático costará en promedio entre 0.25 y 0.5 puntos del PIB europeo durante los próximos diez años. El propio informe Stern de Economía del Cambio Climático estima el costo inicial en un punto (anual) del PIB mundial.

Entonces, no parece correcto tratar de esconder un hecho innegable: para muchos sectores la transformación (deseable para la sociedad) tiene un costo inicial y por el contrario, resulta fundamental que todos los actores, especialmente empresarios y políticos reconozcan que es probable que esta inversión -en algunos casos considerable- no genere retornos inmediatos desde el punto de vista de las ganancias empresariales o del beneficio económico general.

Minimizar este costo inicial o peor aún, no querer considerarlo del todo, puede conllevar al menos dos consecuencias negativas; que el estado no reconozca que debe contribuir mediante políticas de incentivos a mitigar este costo social que afecta al sector real de la economía y al mismo tiempo, que se generen falsas expectativas –sobretodo en relación al plazo esperado de retorno de las inversiones- a empresarios entusiastas que asumen el reto del cambio climático o ambiental en general.

Finalmente, poco tiene que ver el reconocimiento del costo inicial con la recomendación de asumir o no el enfoque ambiental que hemos presentado. Para muestra, las conclusiones del informe Stern: el costo elevado inicial resulta una inversión y el rendimiento esperado es poco menos que la supervivencia de nuestra civilización.

Así, desde el punto de vista de una empresa, el retorno esperado y el plazo para un retorno positivo de sus inversiones ambientales o de cambio climático dependerán de varios factores. Del lado de los costos, la magnitud de los costos iniciales de mitigación y adaptación, su dinámica -posiblemente decreciente en el tiempo- y finalmente su incidencia en sus estructuras actuales (cuanto tenga que modificar la empresa). Del lado de los beneficios, para algunos sectores económicos los esfuerzos ambientales pueden pagarse en un plazo menor cuando sus mercados optan por reconocer y preferir una gestión ambiental integral. Esto pasa por las preferencias de los consumidores, que en los países desarrollados muestran cada vez más una disponibilidad de pago mayor por bienes y servicios verdes o certificados. En el caso de nuestro país se espera que ellos reconozcan en varios sectores (quizá en primera instancia el sector turístico) un valor agregado de “neutralidad climática”.

Agua: enfoque económico y consideraciones para Costa Rica

Revista Poder, septiembre 2008

Por mucho tiempo se consideró como un recurso inagotable, infinito. El Agua sin embargo, en el curso de los últimas décadas se ha replanteado a nivel global como un recurso cierto renovable, pero agotable.

Esta última deferencia (agotabilidad del recurso) implica una noción de escasez relativa. Esta se puede apreciar en una dimensión intrageneracional -considerando la disponibilidad hídrica en el tiempo y el espacio de las generaciones actuales- o intergeneracional, es decir, tomando en cuenta la evolución de la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.

Entendiendo que se trata de un recurso “escaso”, el agua se convierte entonces, por definición, en un bien económico. El carácter vital del agua no obstante nos conduce a pensar que es un bien que merece un tratamiento especial.

Es por ello que los Estados están llamados a garantizar un acceso mínimo al recurso, especialmente a poblaciones con limitaciones económicas y/o cuya oferta hídrica local se encuentra comprometida por usos rivales en el aprovechamiento del recurso o sencillamente por la disponibilidad natural de agua. Dado el carácter vital del recurso, se ha convenido que el uso prioritario ha de ser el consumo humano.

Para lograr los objetivos de eficiencia en el uso del agua y acceso mínimo equitativo de calidad, la definición de bien económico que se le ha concedido al recurso hídrico ha conllevado la instauración de instrumentos económicos para su gestión. Costa Rica no ha sido la excepción.

Desde 1942, con la promulgación de la Ley de Aguas, se establece un canon por el uso del recurso. Por muchos años este canon permaneció en vigencia, pero en la obsolescencia típica de otras normas en nuestra legislación: el cobro, hasta hace dos años, resultaba irrisorio y el recurso por consiguiente era casi gratuito para todos los usuarios lo que promovía un uso ineficiente del mismo.

Afortunadamente, y con apoyo del sector privado que en aquel momento reconoció la importancia de establecer montos que reflejarán un valor actual del agua, el Canon fue ajustado a inicios del 2006. Este ajuste debe conducir a dos objetivos primarios: un uso más eficiente del recurso hídrico por parte de los usuarios que ahora afrontan un cobro más elevado así como la sostenibilidad financiera del órgano encargado de gestionar ágilmente las concesiones y estudiar la viabilidad de estas.

Hacia el 2003, también el Estado plantea un cobro por los vertidos domésticos, industriales, agroindustriales y comerciales a los cuerpos de agua. Se crea así el Canon por Vertidos que, luego de un estrepitoso camino, iniciará el cobro del mismo en octubre de este año.

Esta herramienta, lejos de ser una originalidad de nuestro país, es un instrumento económico de base en cualquier sociedad que revele preferencias por una calidad ambiental correcta y que se fundamenta en el principio de “quién contamina paga” estipulado en la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

Cierto es que la adición de un costo de descontaminación en el corto plazo significa una afectación en el precio final de los productos (vía costos de producción). Pero, desde la perspectiva económica, este ajuste tanto en los precios como en las cantidades producidas cuando median inevitables vertidos a los cauces de agua, significa una mejora en el bienestar de la sociedad. Además, se busca que por el efecto del cobro se induzcan mejoras tecnológicas en los procesos productivos (y de consumo) lo que debe conducir a una reducción paulatina de la carga contaminante.

Otros instrumentos económicos como el mercado de cuotas de agua (o en nuestro contexto de concesiones) no han sido aún aplicados en nuestro país y posiblemente, por ahora, no sean oportunos sobretodo a nivel de la discusión política que ello generaría.

Los cánones, aunque vigentes hoy día, forman parte también del proyecto de Ley de Recurso Hídrico que por más de 6 años, bajo diferentes textos, ha sido discutido por la sociedad civil y los legisladores de turno. Paralelo a este proyecto, el Ministerio de Ambiente desarrolló la Estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que desembocará, próximamente, en el Plan Nacional de Gestión Integrada. En él se definirá el rumbo institucional y las acciones en materia económica –entre otras- de la administración de nuestro preciado líquido. En una próxima entrega de nuestra sección, discutiremos los alcances del proyecto de Ley así como del Plan Nacional.

El Agua en Costa Rica: datos y hechos.

• Se estima que Costa Rica cuenta con una disponibilidad hídrica de 110 km3 anuales. Esto es, una disponibilidad per cápita de 25,000 m3. De acuerdo a clasificaciones internacionales, Costa Rica se sitúa 22 en el mundo en disponibilidad hídrica por persona. La disponibilidad hídrica sin embargo, varía en el espacio y tiempo. De esta manera algunas zonas en el país cuentan con una buena disponibilidad de agua durante todo el año (caribe) mientras en otras zonas (costa de guanacaste) se conocen periodos de estrés hídrico, sobretodo en la época seca.

• Considerando todos los usos, se calcula que Costa Rica utiliza un total de 25km3 de agua anualmente. El mayor usuario del agua en nuestro país es el sector de generación hidroeléctrica con cerca de 18 km3. La gran mayoría de este aprovechamiento es no consuntivo, es decir, que el agua que se utiliza para generar hidroelectricidad vuelve a los cauces de los ríos y puede ser aprovechado por otros usuarios. Entre los usos consuntivos, el mayor usuario del agua es el sector de Riego agrícola con 3.5km3 por año mientras que en su conjunto, el sector doméstico utiliza 0.5 km3 al año. En promedio, una persona requiere cerca de 55 m3 al año para satisfacer sus necesidades básicas.

• De manera general, los problemas asociados a la dotación de agua en el país se explican por ausencia de infraestructura de almacenamiento y conducción del agua. En términos de la oferta hídrica “natural”, prácticamente todas las regiones deberían tener garantizado un adecuado acceso al agua.

• El problema mayor en la gestión del agua es el tratamiento de los vertidos. En materia de desechos domésticos, se estima que solamente un 3% de la población cuenta con alcantarillado en funcionamiento. En algunas zonas del país, la contaminación puntual y difusa (riego) amenaza tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas (acuíferos). En el caso de estos últimos, la extracción intensiva de agua o la misma contaminación puede resultar en daños irreversibles. El canon por vertidos busca disminuir la carga orgánica contaminante de la mayoría de sectores económicos, pero queda pendiente la incorporación tanto del sector de riego agrícola así como de metales pesados en el canon.

• El Canon por Aprovechamiento, ajustado en el 2006, establece un cobro promedio de 0,98 colones por m3 concesionado en aguas superficiales (hasta el 2005, el cobro promedio era de 0,0007 colones por m3). Un usuario industrial deberá pagar en promedio cerca de 1,030,000 de colones por año a partir del 2012 (hasta tanto el canon establece una gradualidad en el cobro).